De acuerdo a las cifras elaboradas por las Naciones Unidas el cibercrimen genera, a nivel global, 3.000 millones de dólares al año. Esto fue señalado por el fiscal Horacio Azzolin, al citar las cifras referidas tanto a los delitos puramente cibernéticos como a la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas para prácticas ilegales como trata de personas, narcotráfico y venta de armas.
Azzolin fue uno de los expositores de la Cumbre Mundial sobre el nuevo Ecosistema de Internet que se llevó a cabo la semana pasada en la sede central de la Universidad de Belgrano, que sirvió como preparatoria para del encuentro anual de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICann - por sus siglas en inglés) que reunirá a empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en Buenos Aires.Este encuentro se realizará entre el 21 y 25 de junio, organizado por la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet o simplemente NIC Argentina, un organismo técnico que depende de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.
Azzolin dijo que "por día se registran -en el mundo- 80 millones de
hackeos automáticos", es decir del tipo programado para actuar sin
intervención en el momento del responsable, y que, además el "robo de
identidad es el delito que más avanza".
Coincidió con el titular de Observatorio del Delito Informático en Latinoamérica, Cristian Borghello,
en que tanto el phising (robo de identidad) como el Ransomware o
secuestro de información -un hacker captura los documentos de la
computadora de una persona o empresa y luego exige un pago a modo de
rescate-, son los delitos que más crecen en Latinoamérica.
"Tienen la tasa más baja de denuncia y la más alta de ataques",
señaló Azzolin, quien abogó por una "capacitación permanente" de jueces,
fiscales, y funcionarios policiales porque "pestañeas y nos quedamos
atrás de los delincuentes en nuestro conocimiento de las herramientas
tecnológicas".
Borghello, por su parte señaló que "la gente no denuncia porque la
gente no cree que haya una solución", y remarcó que en el sitio web del
Observatorio llegaron a registrar hasta "cinco denuncias diarias".
Para el especialista hay un "circulo vicioso" en el cual la gente
no denuncie por desconocimiento, las empresas no denuncian para evitar
quedar expuestas ante sus clientes como vulnerables, la falta de
denuncias genera la "percepción de que no es un problema para la gente" y
por ello no se plantea el tema en la agenda política, no se destinan
recursos humanos y técnicos y por ende no hay suficientes elementos para
investigar los casos.
Para Azzolin, "se ha avanzado mucho" a través de nuevas leyes, así
como en la interacción de organismos del Estado y con empresas "que
manejan datos personales" para que ellas tengan "políticas de
ciberseguridad".
El fiscal destacó iniciativas como "Con vos en la Web" del
Ministerio de Justicia, porque "el usuario tiene que hacer un uso
responsable de la web".
Habitualmente se identifica a los bancos y entidades financieras
como los principales focos de los ciberdelincuentes, pero sin liberarlos
de responsabilidad, los expertos aseguran que la variedad de
actividades habituales en las que hoy se usa internet, dejan huellas de
datos para que los delincuentes generen puertas o ventanas para acceder a
la información crítica que precisan.
En el mundo la evolución tecnológica lleva a una tensión hoy entre
los Estados y las empresas, con dos modelos en debate: la
autorregulación de las compañías o la intervención del Estado, como
aquellos que obligan a las firmas a tener servidores instalados en el
territorio para asegurarse que puedan acceder a la información en caso
de estar investigando un caso en particular.
Azzolin señaló que, en su opinión, "ningún de los dos modelos
termina siendo eficiente", dado que si el Estado interviene las empresas
operan desde servidores instalados fuera del país y si las empresas se
autorregulan "probablemente hagan algo mal".
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